- En España el 21,8% de la población es mayor de 65 años, un dato que invita a reflexionar sobre envejecimiento digno y sus nuevas realidades.
- Un 20% de las entidades que conforman el tercer sector en España trabajan en el ámbito de las personas mayores.
- Durante el encuentro, organizado por la Fundación Fernando Pombo y la Fundación Pro Bono España, se destacó la importancia del trabajo conjunto entre la abogacía pro bono y las entidades sociales. Una colaboración fundamental para impulsar un marco jurídico e institucional que proteja y promueva los derechos de las personas mayores en situación de vulnerabilidad.
La VII Jornada Anual sobre Pro Bono en España, celebrada en Madrid, ha reunido a 120 participantes entre profesionales del Derecho, entidades sociales, clínicas jurídicas y estudiantes de Derecho. Esta jornada tuvo lugar en el marco de la European Pro Bono Week, una iniciativa que se celebra simultáneamente en doce países europeos. Su objetivo es fomentar la colaboración en torno a los retos jurídicos que afectan a colectivos en situación de vulnerabilidad y promover su acceso a la justicia a través del trabajo pro bono.
En España las fundaciones encargadas en organizarlo son la Fundación Pro Bono España y la Fundación Fernando Pombo.
Primera mesa: “Proyectos con propósito: Iniciativas pro bono por el avance de los derechos de las personas mayores”
El acto ha sido inaugurado por Carlos Rueda, socio sénior de Gómez-Acebo & Pombo; José Luis de Castro, presidente del Patronato de la Fundación Pro Bono España y socio fundador y director de De Castro Estudio de Abogados; y Manuel Martín, presidente de la Fundación Fernando Pombo. Los tres coincidieron en que el trabajo pro bono fomenta una cultura de colaboración dentro de la comunidad legal.
A continuación, Antonella Broglia, experta en innovación social y embajadora de Ashoka, ha moderado una mesa en la que se han presentado cuatro proyectos pro bono sobre personas mayores impulsados por las entidades organizadoras y desarrollados junto a despachos, clínicas jurídicas y entidades sociales. Durante la sesión, la Fundación Fernando Pombo ha compartido su proyecto Envejecer con derechos; que la edad no sea un límite una iniciativas de alfabetización jurídica sobre los derechos fundamentales y el desarrollo de una guía para aplicar los Medios Adecuados a la Solución de Controversias en las residencias de personas mayores.
Segunda mesa: “¿Es la edad un factor que genera vulnerabilidad?”
La segunda parte de la Jornada se ha centrado en analizar y reflexionar sobre el concepto de vulnerabilidad y las personas mayores, desde una perspectiva jurídica, académica y social.
Un diálogo moderado por Ana Higuera, directora de la Fundación Fernando Pombo, y Leire Larracoechea, cofundadora y directora de la Fundación Pro Bono España. Esta mesa ha contado con representantes del mundo jurídico, académico y del tercer sector.
Los ponentes han analizado la importancia de impulsar respuestas coordinadas e integrales, con un enfoque de derechos, envejecimiento activo y justicia social. Así, lo ha ilustrado el trabajo presentado por Haize Trueba, cofundadora de KUVU Inclusión Social, que cuenta con la abogacía pro bono como aliado estratégico en su misión de impulsar la inclusión social a través de la convivencia intergeneracional. Por su parte, Blanca Narváez, directora de la Fundación Mutualidad, subrayó la necesidad de comprender en profundidad la realidad de las personas mayores en el marco del ordenamiento jurídico actual.
Además, Emilio Moyano, counsel y coordinador pro bono de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, ha compartido las diferentes perspectivas desde las cuales la abogacía puede trabajar en el ámbito de la vulnerabilidad de las personas mayores. Jorge García-Andrade, miembro del Consejo Asesor de la AEF y catedrático de la UNED, ha insistido en un uso responsable del concepto de vulnerabilidad, en un contexto de creciente sensibilidad social y en el que el desarrollo del Derecho en materia de vulnerabilidad adquiere cada vez mayor relevancia.
La jornada ha concluido con una reflexión conjunta de las fundaciones organizadoras sobre el papel esencial de la abogacía pro bono para contribuir a que el Derecho sea una herramienta eficaz y un llamamiento a la colaboración para la mejor promoción y protección de los derechos de las personas mayores.
